¿Huelga por salarios o extorsión armada?

            Hemos vivido y continuamos viviendo una serie de conflictos con las policías provinciales que están abarcados por un reclamo salarial. ¿Son huelgas que toman esta forma por la prohibición (absurda) que impide a los uniformados conformar sindicatos? ¿Ante la falta de organización para este tipo de peleas salariales se ven obligados a esta metodología? ¿O son planteos que, pese a que aprovechen el pedido de aumento, en realidad llevan otra intención?

 

            La Policía en Argentina tiene una organización mafiosa, más allá de la buena o mala intención de cualquiera de sus integrantes. Históricamente estuvo ligada  a un cierto “entendimiento” con el delito. Si no, es muy difícil explicar la enorme cantidad de acciones ilegales que la Institución encargada de hacer cumplir las leyes permitió y permite. Desde el uso de la calle en beneficio propio por parte de Empresas, desde el sistemático estacionamiento en forma indebida de cualquier camión de reparto, desde el público y profusamente publicitado negocio de prostíbulos que funcionan en todas las ciudades, desde el “levantador de quiniela” que hasta los perros conocen en el barrio, pero la Policía nunca encuentra, desde los públicos y conocidos vendedores de estereos robados de la calle Libertad hasta la venta de partes usadas en Warnes, pasando por todos los lugares de venta de droga que todos los drogadictos conocen y encuentran, pero los uniformados parecen no ver.

 

            Pero, como hasta el Papa denunció, ahora ha habido un salto cualitativo en la ligazón con la trata de personas y el resto de los delitos, pero fundamentalmente con el narcotráfico. En Santa Fe cayó la cúpula policial. En Córdoba hay un destape de corrupción que no solo mancha a toda la plana mayor sino que también envuelve a importantes políticos y funcionarios. Una investigación del tráfico de droga en Bs. Aires implica en el negociado a 100 altos cargos de la Policía de esa Provincia. Y, más allá de la inevitable e innegable complicidad política y judicial, empezó a haber sanciones a fin de encarrilar la situación. Algo parecido a “muchachos, se les fue la mano” que a limpiar a fondo a una Policía que en diez años de este Gobierno y en los treinta de democracia, nunca se le cambio la impronta impuesta por Camps.

 

            ¿Puede ser razonablemente normal un pedido de aumento de salarios del 400%? ¿Es mínimamente entendible una seguidilla de saqueos que comienza apenas horas después de cada acuartelamiento de cada Policía? Es poco normal, seguramente nada espontáneo y compresiblemente fácil de adjudicar a una reacción casi simultánea de acciones colaterales y coordinadas con cada planteo de los uniformados. No se puede desdeñar que el planteo salarial haya sido utilizado como detonante y aglutinador de la base. No es descartable que en Córdoba (que fue el puntapié inicial) haya sido para cubrir la parte que la “plata negra” que la remoción de la cúpula dejó de hacer fluir en forma sistemática. Pero no es razonablemente sensato creer que el tema salarial lo explica todo en esta continuidad de planteos. Ni siquiera la mayor parte de la respuesta puede llenarse con ese ítem.

 

            En ese sentido, es sensata la respuesta del conjunto de las fuerzas políticas repudiando un intento armado de imponer su capacidad de cuestionar los poderes y decidir los marcos de su accionar como un sector con poder independiente y autónomo de la sociedad y el eje del discurso de la Presidente. Salvo el pequeño detalle: si llegó hasta acá es porque le permitieron llegar. Y la decisión de Scioli de no sancionar a nadie y tapar la investigación, no hace más que dejar el camino librado para este sindicato armado. Si vamos camino a México (pero con los cárteles vistiendo uniforme) o no, depende de la acción de los políticos en los próximos meses. Y para eso deben cambiar muchas cosas. Incluso el uso por los políticos de las barras bravas y la organización de la base de sustentación de los barones del conurbano o los feudos provinciales.